Tras el incendio provocado en una estación provisional migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo, el Instituto Nacional de Migración (INM) repatrió los cuerpos de 40 migrantes fallecidos y entregó indemnizaciones por 140 millones de pesos.
Con la colaboración de instancias gubernamentales, instituciones de salud y representaciones consulares, detalló el Instituto, del 5 al 16 de abril pasado se procedió a la repatriación de los cuerpos de las personas extranjeras fallecidas a sus países de origen.
«El 18 de mayo, el INM solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una partida presupuestal ‘especial’ para la reparación del daño, a fin de que una vez definido el monto por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se llevara a cabo la indemnización respectiva», explicó.
«El 10 de julio, la CEAV autorizó 3.5 millones de pesos para cada una de las víctimas fallecidas, lo que equivale a 140 millones de pesos».
En el caso de los migrantes lesionados y trasladados a la Ciudad de México para ser atendidos en hospitales de alta especialidad, están hospedados junto a sus familiares en hoteles donde personal del INM está al pendiente para gestionar los servicios que requieren.
El INM añadió que donó al Hospital General de Chihuahua equipo de VATHINSET que contenía paquete de broncoscopía, monitor y 10 broncoscopios flexibles, utilizado para el tratamiento y atención a los lesionados.
La Fiscalía General de la República (FGR), agregó, determinó pericialmente daños en el inmueble de la Estación Provisional por un millón 893 mil 915.38 pesos, resolución que el INM puso en conocimiento a Agroasemex, aseguradora del Gobierno de México.
El INM también notificó a la empresa de seguridad CAMSA S.A. de C.V. las causales de recisión de contrato de prestación de servicios.
Además determinó la suspensión temporal de 33 estancias provisionales, y de ello se informó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de que certificara las condiciones y determine cuáles se rehabilitan, cuáles cierran y cuáles pueden seguir operando.
Con carácter de urgente, el INM solicitó a los titulares y encargados de las oficinas de representación acelerar los procesos de operación y capacitación en materia de protección civil para garantizar la no repetición de hechos que atenten contra la integridad y vida de los migrantes.
Después de concluido el proceso de supervisión de las sedes migratorias, comenzó la aplicación de medidas de protección civil como la instalación de puertas de emergencia, retiro de rejas y cerraduras en todas las áreas de tránsito y flujo interno de las personas alojadas.
También la instalación de vidrio plástico, detectores de humo, respiradores y mayor número de extintores, entre otras medidas, con base en las recomendaciones que determine la CNDH, Protección Civil y el Órgano Interno de Control del INM.
Se inició la validación de los proyectos de protocolo de actuación y códigos de emergencia, para favorecer la operación segura de las estaciones migratorias y provisionales.
Asimismo, se ordenó formalmente a todas las autoridades del INM acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de resolver, en un término no mayor a 36 horas, la situación migratoria de los extranjeros.
De igual forma, se instruyó el retiro inmediato de las rejas de protección metálica colocadas en el medallón, los costados, por dentro y por fuera, de las camionetas tipo van, que se utilizan en las acciones de movilidad de los migrantes, como acción de protección civil.
Con fecha 2 de julio se recibió la recomendación 111VG/2023 de la CNDH sobre el caso, misma que se aceptó de manera parcial.
Por los hechos del 27 de marzo pasado en Ciudad Juárez, fueron vinculados a proceso los servidores públicos del INM: Francisco Garduño Yáñez; Antonio Molina Díaz; Salvador González Guerrero; Juan Carlos Meza Cumplido; Eduardo Apodaca Magallanes; Daniel Goray Yosioka; Rodolfo Collazo de la Torre y Gloria Liliana Ramos García.
