Especialistas vislumbran una reducción de la pobreza en el periodo 2020-2022, a partir de los resultados de la medición que hizo el Coneval y que dará a conocer esta semana. Sin embargo, advierten, algunas carencias sociales no disminuirán.
Según la información disponible, la reducción de la pobreza estaría impulsada por la mejora del ingreso, aunque se prevé un aumento en el número de personas sin acceso a servicios de salud y de educación.
Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, dijo que el ingreso de la población registra una recuperación por el incremento del salario mínimo y las transferencias monetarias del Gobierno federal.
«Coneval va a dar las cifras oficiales, pero ya se está estimando un aumento de la población sin acceso a servicios de salud que pasa de 36 millones de personas a 50 millones de personas, entonces eso es algo extraordinario», indicó.
Para el economista Mario Luis Fuentes, se debe ser cuidadoso con las cifras que dará a conocer el Coneval.
«Estos datos lo que deben reflejar es la enorme paradoja que puede haber: datos que digan que bajó la pobreza, cuando hay otros datos que nos dan cuenta que el estado de la población sigue siendo muy precario, hay mucha desprotección, hay mucha incertidumbre, hay poco aprendizaje, hay mucha enfermedad», afirmó.
«Yo diría que la política laboral está compensando las fallas de la política social e incluso agregando, quizá, elementos para reducir la pobreza, entonces, no es que se estén sincronizando (la política social y la política laboral), al contrario, creo que van muy desincronizadas», señaló De la Torre.
«Sí hay un avance muy sustancial en lo que corresponde a los montos que se están dando a las familias, de hecho, se ha duplicado el presupuesto que corresponde a programas gubernamentales que dan efectivo a las familias de acuerdo con la información, esto de 2019 a 2022, el problema es que estas adiciones de recursos se han ido más al 50 por ciento menos pobres de la población, no a los que más lo necesitan», adviertió.
Contrario a lo que sucede con el ingreso, dijo, se estima un aumento en la población sin acceso a servicios de salud y de educación.
En el primer caso se prevé que este incremento sea realmente grave, mientras que en el tema educativo, se estima que entre 600 mil y 700 mil personas ya no tienen la educación que corresponde a su edad, lo que se debe, fundamentalmente, al abandono escolar.
El especialista insistió en que ante este panorama, lo que hay que tener bien claro es que la pobreza de ingreso va a disminuir, pero las carencias sociales no.
«Yo lo pondría como que la pobreza puede disminuir a pesar de la política social», indica.
El economista Mario Luis Fuentes coincide en que se prevé una reducción de la pobreza, que se explica por el aumento del salario mínimo y las transferencias, pero no por la reducción de las carencias sociales.
Fuentes reitera que los casos más dramáticos en materia de acceso seguirán siendo la salud y la educación.
«Es muy contradictorio: se reduce la pobreza, pero las carencias se mantienen, no cambian sustancialmente y, por otra parte, la enfermedad y la muerte siguen siendo enormemente importantes», señala.
El ex director del IMSS dice que si bien los datos disponibles señalan una mejora en el ingreso de la población, es necesario alertar sobre el hecho de que aun cuando las personas trabajen, necesitan contar con transferencias monetarias para mantener ese nivel de ingreso.
«La ENIGH (Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares) nos dice que alrededor del 18 por ciento de todo el ingreso total viene de transferencias, remesas, y eso nos habla que sin las transferencias y remesas, el impacto del ingreso sería menor, entonces la gente, aun la que trabaja, necesita en un 20 por ciento de ese ingreso que venga de fuentes que son ajenas a su trabajo», señala.
Además, agrega, la Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo (ENOE) indica que la gente está trabajando más horas para tener ese ingreso y más integrantes de la familia laboran para mantenerlo.
El economista dice que la publicación de los resultados también debe llevar a una reflexión sobre la forma en la que se debe concebir la pobreza, porque el Gobierno actual se quedó con la concepción de hace 20 años.
Detalla que actualmente la medición está basada en el acceso o afiliación y no en la calidad de los servicios a los que se tiene acceso, además de que ésta no considera temas como el acceso a internet, al medio ambiente y a la justicia.
«Esta concepción de pobreza vigente, que es la que se mide y se publica, sigue atrapada en lo que se ha dicho desde hace 20 años: lo que mide la pobreza es acceso, que quiere decir afiliación, no acceso efectivo, no calidad de los servicios, no realmente la posibilidad de que la gente tenga, aparte del ingreso, una mínima garantía de ciertos derechos o de todos los derechos», afirma.
Para Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), si bien el Coneval reportaría una reducción de la pobreza, lo importante es saber en qué nivel colocará al País.
«Yo creo que sí va a haber una disminución; creo que algo más importantes es si vamos a poder estar por debajo de los niveles de pobreza que vivimos en 2018. En 2018 era de 41.9 por ciento, en 2020, 43.9 por ciento, entonces qué tanto va a bajar. El número con el que deberíamos estarnos comparando es con el de 2018, porque refleja el final de un sexenio, es decir, los resultados de la política social, laboral y demás del Gobierno de Peña Nieto, porque, además, de forma estadística 2020 es una anomalía», dice.
Carrillo sostiene que, además del ingreso, otros temas en los que la nueva medición de la pobreza podría mostrar mejoras son la calidad y espacios de la vivienda, el acceso a servicios básicos en las casas y la alimentación.
No obstante, considera que este progreso será menor a la forma en la que empeoró el acceso a los servicios de salud.
«Seguimos atorados y lo que me parece preocupante es en qué seguimos atorados, y todo indica que en salud y educación, y cuando piensas en esto en términos económicos, la salud nos da habilidades y capacidad productiva para el futuro y la salud nos hace más resilientes, por eso es importante considerar la importancia y el valor de la educación y de la salud», expresa.
El especialista afirma que enfocarse en las transferencias monetarías implica un riesgo para la construcción de capacidades.
Advirtió que una vez que el Coneval dé a conocer los resultados de la medición multidimensional de la pobreza esta semana, será necesaria una reflexión, sobre todo de quienes aspiran a llegar a la Presidencia de la República sobre lo que pasa en cada una de las carencias sociales.
«La tentación va a ser decir: sigamos con los programas de transferencias como están. ¿Por qué? Porque mejoró el ingreso, pero me parece que sería muy importante hacer el ejercicio de qué tanto no mejoraron, o sea, qué tanto pudieron mejorar y no mejoraron, para entonces darle más solidez, más estructura a los programas de transferencias, que no sean solamente una caja o una ventanilla donde se recogen cheques», dice.
Carrillo afirma que con las transferencias no puedes suplir la ausencia de instituciones y sostiene que un arreglo como este no sería sostenible a largo plazo.
«Suplir instituciones con dinero no es un arreglo sostenible», asegura.
¿Cómo se comportó la pobreza 2018-2020?
De acuerdo con el Coneval, entre 2018 y 2020, 3.8 millones de personas cayeron en pobreza, la mayoría de ellas en pobreza extrema.
La última medición multidimensional indica que, del total de nuevos pobres registrados en los primeros dos años de la actual Administración, 2.1 millones son pobres extremos, porque sus ingresos no son suficientes para adquirir la canasta básica y presentan al menos tres carencias sociales, de seis posibles.
Este incremento se explica, en gran medida, por el deterioro del ingreso y la reducción del acceso a los servicios de salud, sobre todo en el marco de la pandemia por Covid-19.
Según el Coneval, la población sin acceso a servicios de salud aumentó de 20.1 millones en 2018 a 35.7 millones en 2020, lo que significó que más de 15 millones de personas dejaron de tener acceso a este derecho.
Aunado a ello, la población sin ingreso suficiente se disparó en 5.1 millones, al pasar de 49.9 a 52.8 por ciento, en tanto que las personas con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema se incrementaron en 4.6 millones.
Este incremento se dio a pesar de que durante el periodo reportado, los recursos erogados a través de los programas y acciones de desarrollo social aumentaron prácticamente año tras año.
En 2019, el Gobierno federal operó 154 programas y acciones de desarrollo social con un presupuesto de más de 785 mil 945 millones de pesos. Un año después, el número de programas y acciones sociales se redujo a 153, pero el presupuesto aumentó a 853 mil 216 millones.
Para 2021, los programas y acciones se redujeron de nuevo a 125, lo mismo que los recursos, a 843 mil 182 millones, mientras que para el siguiente año, los programas volvieron a reducirse a 120, pero los recursos se incrementaron a 860 mil 370 millones.
Las dependencias e instituciones que más recursos erogaron fueron la Secretaría de Educación Pública, que tiene a su cargo los programas de becas, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Bienestar, que opera los programas de pensiones para adultos mayores y para personas con discapacidad y la Secretaría de Salud.
