Antonio López Cruz
Ciudad de México.-Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), no es otra cosa que un chivo expiatorio para buscar responsables en torno al incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en una estación migratoria en Ciudad Juárez.
En entrevista con El Universal, sostuvo que el verdadero responsable de la muerte de 40 migrantes es el Estado.
“No acepto es que lo conviertan en el Dorian Gray de 50 años de política mexicana, es una hipocresía, es una falacia, es una forma de irresponsabilidad de los gobiernos. Él tiene que ser castigado, pero en su justa medida, no se vale que lo traten como chivo expiatorio, es responsabilidad del Estado”, declaró.
El expresidente de la Cámara de Diputados señaló que Garduño Yáñez es un hombre que lleva décadas siendo funcionario público, y que ha quedado sumido en el sistema al cumplir su papel como simple “ejecutor” de las políticas que nacen desde la cúspide del Estado.
“Él sí supervisó y sí vigiló muchas crueldades, pero no las ejecutó. Me acuerdo del centro de detención siglo XXI en Suchiate, donde siendo yo Presidente de la Cámara de Diputados, visitamos el sureste y era un centro de hacinamiento y de crueldad violatorio de todos los derechos humanos, y Garduño recibió instrucciones de pintar el local, entonces cuando entramos al lugar no podíamos respirar porque olía a thinner. Él ha sido hasta hoy, un ejecutor y ya basta que lo traten como lavatorio”, indicó.
Para Muñoz Ledo, el verdadero problema en materia de migración es la conducta del gobierno mexicano frente al sistema migratorio, así como la relación con Estados Unidos en los últimos 50 años.
Sostuvo que, desde hace medio siglo, “ha habido un acuerdo tácito del gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos para cerrar la frontera sur para los migrantes de Latinoamérica”, y recordó que, en el resto de las naciones de América Latinas, “todas, aceptan el libre tránsito de las personas”.
“Tú puedes irte caminando como latinoamericano desde la Patagonia hasta el Suchiate, pero cuando llegas al río Suchiate se acabó América Latina, ahí inicia una fosa inmensa”, sentenció.
El político y diplomático, agregó que, derivado del acuerdo para ser “patio trasero” del país vecino del norte, el gobierno de México “ha sido tan cínico” que no le ha dado, en 20 años, presupuesto a la COMAR; “la COMAR la paga las Naciones Unidas”.
“Las políticas las acuerdan desde arriba en ambos países, ¿Garduño tuvo que ver con el establecimiento de esa política? ¿Llegó Garduño a ir, siquiera como edecán, a una conferencia internacional o interparlamentaria en materia de migración? No hay ningún tratado internacional, ni un acuerdo con Estados Unidos, en el que tenga que ver el señor garduño, entonces ¿por qué le echan la culpa a él?, a él le estalló la bomba, él era el responsable de la política, pero la política es responsabilidad del Estado, del conjunto de las autoridades del Estado mexicano”, insistió.
Finalmente, Porfirio Muñoz Ledo llamó a ir más allá, y averiguar la verdadera responsabilidad del Estado en el caso, incluso, ante instancias internacionales.
“¿Por qué no se averigua la responsabilidad del Estado? ¿Por qué no se establecen responsabilidades comenzando por la Fiscalía? Hay que investigarlo, hay que ver si cabe la intervención de la Corte penal Internacional”, concluyó.
Ejercicio indebido del servicio público, el delito del que se le acusa a Francisco Garduño y se sanciona con hasta siete años de prisión
En México, el delito de ejercicio indebido del servicio público se le ha atribuido a varios funcionarios, recientemente a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), por el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 40 muertos.
De acuerdo con el artículo 214 del Código Penal Federal, dicho delito se sanciona con uno a siete años de prisión y hasta con 50 días de multa, y no amerita prisión preventiva oficiosa. Por este delito, la exsecretaria federal Rosario Robles fue procesada y permaneció tres años en prisión, en relación con el caso de la “Estafa Maestra“.
Según el artículo, comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor público que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima, o sin satisfacer todos los requisitos legales.
También quien continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o destituido.
Asimismo, quien teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia u organismo, por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite, si está dentro de sus facultades.
Así como quien, cuando legalmente le sean requeridos, rinda informes en los que manifieste hechos o circunstancias falsos o niegue la verdad en todo o en parte sobre los mismos.
Y quien teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado.
Por esta última causa es acusado Francisco Garduño, quien comparecerá ante un juez en una audiencia inicial el próximo 21 de abril para la formulación de la imputación de los delitos en su contra.
Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, también fue acusada de ejercicio ilícito del servicio público derivado del caso la “Estafa Maestra”, por lo que pasó tres años en prisión preventiva justificada. Sin embargo, un juez la exoneró en febrero pasado por considerar que no cometió un delito sino una falta administrativa.
El exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, también siguió un proceso legal por la supuesta compra simulada de un tomógrafo, por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y peculado en perjuicio del gobierno estatal. En 2019, el exfuncionario fue sentenciado por este caso.
En tanto, en diciembre del año pasado, Santiago Nieto, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Hidalgo, informó que Cristian David Guerrero Barragán, exdirector general del Sistema Estatal de Radio y Televisión, fue detenido por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Entre enero y febrero de este año se han iniciado al menos 490 carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El año pasado cerró con 4 mil 298 carpetas de investigación por dichos delitos, es decir 11 servidores públicos fueron investigados al día por presuntamente haber cometido un delito.
