Ciudad de México, 18 OCT.-El senador independiente y coordinador del Grupo Plural presentó en el Senado de la República el “Índice Global de Impunidad México 2022” (IGI-Mex), elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDALP) a través del Centro de Estudios Sobre la Impunidad y la Justicia (CESIJ), en el que contó además con la participación de la directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Lisa Sánchez, el periodista Salvador Camarena y Azucena Cháidez, socia directora de Simo Consulting.
El Senador Álvarez Icaza Longoria comentó que el Informe debería de ser un instrumento privilegiado para la toma de decisiones desde la procuración, la impartición, la administración de justicia y la prevención.
Valoró que desde las universidades haya un aporte científico al debate sobre temas de orden público para el análisis y toma de decisiones. “El Informe refleja muy altos niveles de impunidad. Ahora sabemos dónde y cómo ocurre. Es una radiografía de la impunidad en México”, dijo.
“Si queremos avanzar hacia un Estado Democrático, el lastre más significativo es la impunidad que se convierte en amenaza porque hace pedazos la igualdad ante la ley; la justicia para todas y todos Y el acceso a la justicia se convierte en un proceso certificado de beneficios y excepciones”, precisó.
El coordinador del Grupo Plural dijo que esta investigación permitirá también analizar lo estatal que, en materia de seguridad, es avasallada por lo federal. Y en el contexto de la militarización se tiene que buscar invertir desde lo local y estatal para capacitar y profesionalizar a las policías ante el fracaso del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Consideró que el Índice aporta metodología e indicadores para buscar opciones de salida a la crisis actual de seguridad, en cuyo análisis debe de integrarse también la labor de los poderes judiciales estatales.
Confió en la necesidad de otros encuentros para analizar cómo hacer viable las medidas que propone la investigación, entre ellos los recursos necesarios para su implementación y seguimiento.
En su intervención, Lisa Sánchez dijo que partiendo de las condiciones actuales de México, se necesitarían 16 años para alcanzar los estándares mínimos de Europa. Sin embargo, ningún país europeo presenta condiciones similares como, por ejemplo, 100 mil desapariciones, cuya cifra podría ser tres veces mayor por la falta de denuncias.
Para Salvador Camarena habría que analizar los recursos utilizados en materia judicial y constatar la eficacia en su aplicación e igual con los recursos a las policías. E indicó que la estrategia aplicada en tiempos pasados no funcionó, y en los tiempos actuales tampoco están funcionando. “En eso sí, son iguales. Unos y otros son iguales”.
Con el Índice que abarca la situación en los estados, propuso analizar y buscar replicar las buenas prácticas aplicadas en las entidades.
Para Azucena Cháidez debe prevalecer una visión estructural para buscar salidas a la crisis de seguridad que se vive, es decir, si se fortalece al sistema judicial, se tiene que fortalecer también al sistema de seguridad.
El IGI-MEX 2022 incorpora nuevas variables, como la de derechos humanos, que buscan dar una aproximación más certera acerca de la impunidad en México.
La investigación arroja que:
El Estado de México se mantiene como la entidad de la República con el más alto índice de impunidad desde 2016 y hasta 2022, con 74.55 puntos.
Baja California Sur y Campeche son los únicos dos estados que presentan niveles de impunidad media-baja.
Los tres estados con más altos niveles de impunidad son: Estados de México, Baja California y Veracruz.
En impunidad alta se encuentran los estados de Tabasco, Tamaulipas, Guanajuato, Sonora, Quintana Roo, Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Oaxaca, Morelos y Nuevo León.
Los ministerios públicos estatales siguen sufriendo un deterioro estructural y de sus capacidades humanas frente al aumento de los delitos y de la población en el país.
Existe un déficit de policías estatales profesionales.
México no tiene sistemas de justicia en el ámbito estatal. Las siguientes entidades tienen un número superior al promedio nacional de jueces y magistrados para atender a su población: Campeche (11.96), Chihuahua (7.40), Zacatecas (7.27), Baja California Sur (6.51), Colima (6.29), Nayarit (5.34), Sinaloa (5.29), Durango (5.18), Guerrero (4.94), Tabasco (4.91), Guanajuato (4.69) y Ciudad de México (4.66).
El homicidio sigue sin castigarse en México.
